El gobierno no ha tenido problemas para decretar el estado de alarma y sacar al ejército para defender la libertad de movimiento de los 600.000 pasajeros que no pudieron volar.
Pero, un mal menor y una discriminación a los miles de empresarios y millones de ciudadanos, cuando no se decreto, ni todavía se ha decretado el estado de alarma, cuando el gobierno tras salir al rescate de los bancos y cubrirlos de miles de millones para que diesen crédito a las pequeñas y medianas empresas, no soltaron ni un solo euro.
Lo que causo la quiebra de miles de empresas, la ruina de miles de empresarios y una lista de gente de patitas en la calle, nunca vista, que ha día de hoy sobrepasan los 4 millones de parados.
Pero no, no se decreto el estado de alarma, el ejercito no ocupo las sucursales bancarias, los banqueros desde sus mansiones no fueron llevados a punta de pistola a sus centrales bancarias para que repartiesen en prestamos las ayudas del gobierno y no tuvieron el menor linchamiento mediático, como lo han tenido los controladores.
Todo lo contrario, se les tendió la alfombra roja para que tirasen balones fuera y se les facilito la megafonía de los medios de comunicación para que acusaran y pagaran la crisis financiera los propios ciudadanos.
Se considera una violación de los derechos ciudadanos el hecho de perder un fin de semana de vacaciones, y tras el estado de alarma, se han interpuesto denuncias contra los controladores, se piden indemnizaciones millonarias para los afectados, y penas de prisión par los controladores.
Pero siendo el perjuicio de los viajeros infinitamente menor, que quedarse en el paro… vivir sin las ayudas de 400 euros a los parados de larga duración… elevar en dos años la edad de jubilación… facilitar y abaratar el despido… o desahuciar a 260.000 personas de sus hogares: no se decreta el estado de alarma y no se enjuicia a los responsables.
Cuando lo que peligra es el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, o el derecho a una vida digna: ni sale el ejército a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos empobrecidos por una clase política sumisa a los intereses financieros, ni se decreta estado de alarma o de emergencia nacional.
No se hará como se ha hecho en los aeropuertos, no saldrán en los diarios, noticiarios radiofónicos o telediarios la devastación de cada caso particular, de cada familia que ha sido desahuciada, de cada parado que le van a quitar los 400 euros, de cada empresario que ha cerrado su negocio, de cada familia que tiene todos su miembros en el paro.
Pero no importa, los medios nos continuaran restregando por las narices, los beneficios de los bancos y grandes empresas, nos ocultaran los beneficios de los especuladores con las subidas y bajadas de bolsa y nunca relacionaran este movimiento especulativo, con el incremento de precios y de impuestos, con la miseria que genera a su paso entre los pobres, los obreros. Obreros, que como niños con los reyes magos, en un alarde de ingenuidad, creen que los políticos los representan.
No se dan cuenta, que cada cuatro años votan a los políticos que representan al poder financiero, no al pueblo. Y que estos, reciben el apoyo de todas las instituciones religiosas que permiten que los ricos se hagan más ricos a costa de los pobres.
Un obrero de iglesia pobre.
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