La judicial no es la única vía que tienen los afectados para pedir una reparación por la venta masiva de participaciones preferentes por parte de la banca. Según aseguran fuentes jurídicas, Economía tendrá que tomar cartas en el asunto y responder sobre esta operativa en primera persona si cualquier asociación, ONG o persona damnificada presenta una reclamación en el Ministerio en atención a las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, documento revisado el pasado año por la institución y suscrito por España. Y es que la guía en cuestión fija compromisos concretos para las compañías en defensa de los derechos de los consumidores.

Fuente: elconfidencial