Presunto fraude en la Hacienda de Irun
La Audiencia de Gipuzkoa condena a José María Bravo a 11 años de cárcel
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San Sebastián.- La pena impuesta a la exmujer del antiguo jefe de la delegación tributaria de Irun, Rosa Cobos, suma 3 años y 4 meses de prisión.
La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a 11 años de cárcel y diferentes penas de inhabilitación y multas al ex jefe de la oficina de la Hacienda de Irún José María Bravo por el fraude cometido durante año en esta oficina tributaria, al tiempo que ha impuesto una pena de tres años y cuatro meses a su ex mujer, Rosa Cobos. El condenado deberá devolver a la Hacienda foral de Gipuzkoa 1,9 millones de euros, más los intereses correspondientes, por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados a esta institución pública.
La sentencia, de 380 páginas, ha sido entregada esta mañana a las diferentes partes del proceso, que habían sido convocadas a las 12.30 horas en la Audiencia de Gipuzkoa para recibir una copia de la resolución, justo cuando se cumplen dos meses del largo juicio que se celebró en San Sebastián desde el 16 de abril y el 23 de mayo entre un gran eco mediático.
El fiscal del caso, Javier Larraya, solicitaba 24 años y tres meses de prisión para José María Bravo por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, usurpación, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Por su parte, para su esposa, Rosa Cobos, el Ministerio Público rebajó la pena inicial e 10 años y un mes de cárcel a 6 años y tres meses, por blanqueo de capitales e insolvencia punible. El tercer imputado en el caso, el ex socio de Bravo Pedro María Atristain, fue absuelto durante el proceso.
A la condena de once años de cárcel para Bravo hay que descontar los 473 días que el ex jefe de la oficina de Irún pasó en prisión preventiva tras su negativa a declarar hasta el día del juicio. El fallo establece que "el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente en esta causa por Bravo será abonado en su totalidad en el cumplimiento de las penas de prisión impuestas en esta sentencia".
Con la sentencia, queda probado que Bravo se apropió de forma ilegal de diversas cantidades de dinero de contribuyentes morosos para saldar sus cuentas con Hacienda y que iban a parar a sus cuentas particulares. En la mayoría de los casos, el condenado exigía el pago en metálico, a cambio de rebajas en las deudas fiscales contraídas, para posteriormente darles de baja del sistema por "insolvencia".
El fallo del presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, condena a Bravo a siete años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta para todo cargo o empleo público por un "delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad agravada de especial gravedad". Además, le impone una pena de tres años de cárcel y multa de dos millones de euros como autor de un delito de blanqueo de capitales, y otro año por incurrir en alzamiento de bienes. La pena también incluye 9 años más de inhabilitación especial para cualquier trabajo público con significación tributaria.
Por su parte, el magistrado condena a Cobos a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena y a una multa de dos millones de euros. A esto hay que sumar otro año de cárcel por alzamiento de bienes, con otra multa de 2.520 euros.
Igualmente, el juez condena a ambos, por separado, al comiso de diversos bienes con el límite de 1.661.157 euros. Entre las propiedades, está el 50% de una finca de Jerte (Cáceres) destinada a un hotel rural y de una vivienda unifamiliar, así como un local comercial en esta localidad, otra finca en Ávila, y la mitad de un edificio en Barcelona.
La sentencia absuelve a Bravo del delito de estafa que se le imputaba, al entender que queda recogida en el delito de malversación, y del de usurpación pública, porque no considera probado que recibió dinero de un contribuyente ocultándole que había dejado de ser jefe de la oficina de Irun.
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