A la espera del análisis de toda la documentación contenida en los cincuenta tomos del sumario declarado parcialmente secreto hace meses y ahora levantado, Mercedes Alaya ya ha encontrado otros tres fondos nuevos que investigar en su búsqueda de ayudas ilegales de carácter sociolaboral. Se trata ahora de otros 18 millones de euros concedidos a través de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico y Servicio Andaluz de Empleo, todos ellos dependientes de la Consejería de Empleo. Recuérdese que asimismo se está a la espera de su investigación sobre los fondos de formación, fondos señalados ad hoc por el propio ex director general de Empleo de la Junta y principal imputado por ahora en el caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, como muy superiores a los manejados por él desde 2001.

Su investigación parte, según El País, de la propia Intervención General del Estado que en su estudio sobre las ayudas sociolaborales solicitado como pericial en el procedimiento, ha encontrado que hay ayudas a prejubilados que "parecen haber sido concedidas no sólo con cargo al programa presupuestario 31L Administración de relaciones laborales, sino a otros programas distintos" y así lo dijo la juez en su auto firmado el pasado 23 de mayo.

Ahora, tras el descubrimiento de nuevos fondos, Alaya quiere que la Junta le entregue "a la mayor brevedad posible" información sobre los programas Fomento Industrial por 3,2 millones concedidos en 2000, Servicio Andaluz de Empleo por 2,9 millones en 2004 y dos de Desarrollo Tecnológico que suman 11,4 millones entre 2003 y 2004. En total, 18 millones otorgados supuestamente en ayudas sociolaborales.
La novedad fundamental es que todos ellos dependían de Departamentos ajenos a la Dirección General de Trabajo que es el núcleo base del fondo de reptiles investigado hasta ahora. la Junta de Andalucía siempre ha defendido que ese era el huevo de la serpiente pero la tramitación de estas ayudas sociolaborales por 18 millones no tiene que ver con el departamento del ex director general Javier Guerrero, y atañe a otros responsables.

Además, la juez pide a la Junta el nuevo listado de intrusos porque la investigación interna que comenzó la Consejería de Empleo hace dos años está concluida pero sus conclusiones no han llegado al juzgado. Hace tres semanas, la Junta expuso haber hallado 235 irregularidades administrativas, entre las que se incluían 71 intrusos y un fraude de 17 millones, de los que ya se habían reintegrado 5,3 millones. Ahora Alaya quiere saber el nombre de estos intrusos porque el decreto de la Junta del pasado octubre sobre extrabajadores afectados por reestructuraciones de empresas, aclaraba que los contratos de seguros debían ser revisados por una comisión técnica en el plazo de un mes para confirmar que no existían intrusos. "Dado el tiempo transcurrido (siete meses) la Junta debe conocer la identidad" de los intrusos, recuerda la juez.

Alaya quiere conocer asimismo los pagos de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los compromisos adquiridos, datos que la Junta debe tener ya clarificados después de tantos meses de investigación interna y aclara en su auto "que constan pagos posteriores por compromisos adquiridos" posteriores a 2010, cuando se incorporó al frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio.

Tema pendiente: los fondos de la formación

Los fondos públicos que la Junta ha destinado a la formación son muy superiores a los 734 millones de euros que durante una década engrosaron la partida 31.L de los ERE, la conocida como el fondo de reptiles. Pero entre ambos procedimientos aparecen similitudes sorprendentes.

a) En las prejubilaciones falsas, los sindicatos tuvieron un papel destacado y, según la juez Alaya, cobraron comisiones con la justificación "peregrina" de ofrecer a las compañías aseguradoras los datos de los trabajadores.Hubo pólizas colectivas de rentas cuyos tomadores fueron federaciones sectoriales de los sindicatos, hubo pagos a algunas de estas federaciones regionales en Andalucía, por ejemplo, en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y hubo comisiones de entre el 0,5% y el 1% a empresas vinculadas con los sindicatos, como Atlantis y Temiqui, por participar en el proceso de los ERE. También en los cursos de formación de la Junta los sindicatos UGT y Comisiones Obreras representan un papel protagonista, ya que han sido los encargados de organizar miles de cursos en toda Andalucía. Y por todos han cobrado más del 40 por ciento del total de la subvención recibida según el único informe sobre estas subvenciones publicado por la Cámara de Cuentas en 2002.

b) El ex alto cargo de la Junta Juan Rodríguez Cordobés, imputado en el caso de los ERE, aparece como intruso en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó. Pero es que este ex alto cargo, además, cobró de la partida de los fondos de formación una indemnización de 21.512 euros tras cesar en 2008 de su puesto como director gerente de la Escuela de formación de Artesanos del municipio sevillano de Gelves. El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre subvenciones de la Consejería de Empleo, advertía de que la indemnización por cese de Rodríguez Cordobés no era susceptible de ser subvencionada con cargo a los fondos de formación de la Junta.

El citado informe pone de manifiesto que, de los 44,56 millones de euros en subvenciones otorgadas por la Junta para el funcionamiento de los 14 consorcios escuela de formación para el empleo, entre los años 2008 y 2009, no se justificaron más de 3,5 millones.

Indicios de una trama

Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, pidió la extensión de la investigación a los fondos de formación. El caso Pallerols fue el primer aperitivo que señaló el camino por el que circulaban subvenciones destinadas a la formación que terminaban, en parte, en manos de un partido, o sindicatos, o particulares. De hecho, la Cámara de Cuentas de Andalucía ya reflejaba en su informe sobre la formación profesional ocupacional cómo los sindicatos UGT y CCOO en 1997 se quedaban casi con el 50 por ciento del dinero recibido en concepto de gestión, coordinación, seguros, energía, etc. De la calidad de los profesores y de su eficacia, esto es, a cuántos alumnos parados consiguieron colocar, ni una palabra.

Pongamos algunos ejemplos. La Junta ha gastado 76,6 millones en formar a la plantilla de Delphi y la mayoría de sus componentes sigue sin recolocarse. Ese dinero equivale al coste que tiene la construcción de tres hospitales de alta resolución y dos veces y media lo que la Administración autonómica preveía recaudar al año con la subida del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) a los que ingresan más de 80.000 euros.

En la empresa Formación Integral para el Empleo SL, que administra Ana María Rodríguez, esposa de José Sivianes Sánchez, y en la que ha estado como administrador el socialista Juan Luis Ferrer, sólo aparece un empleado fijo desde 2009 a 2011 y apenas llega a 3 trabajadores temporales en las cuentas del Registro Mercantil. Sin embargo, recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.

Otro ejemplo: El entramado de empresas y fundaciones del ex consejero de Hacienda de la Junta, el socialista Ángel Ojeda Avilés, recibió 34 millones de euros de la Consejería de Empleo en apenas año y medio –entre 2009 y 2010– para la formación de los ex empleados de la multinacional Delphi. A partir de mayo de 2011, sería su propia cuñada, Teresa Florido Mancheño, la que iba a decidir la adjudicación de muchos de estos cursos al ser nombrada directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Recuérdese además el caso de la empresa de la esposa del exnúmero dos del PSOE-A, Rafael Velasco, que recibió más 700.000 euros en subvenciones para formación profesional poco después de su creación. El caso provocó la dimisión de Velasco.
Entre los escándalos de empresas que recibieron importantes subvenciones y cuyos propietarios pertenecen al entorno del PSOE aparecen asimismo exconcejales en Écija que recibieron más de 600.000 euros; el de la peluquería del marido de la exalcaldesa de Martos (Jaén), que ha recibido hasta 550.000 euros; o el exalcalde socialista de San Fernando (Cádiz), socio de un empresa con la hija de una senadora socialista que recibió más de 800.000 euros.

Particularmente llamativo, por su condición de exdelegado provincial de empleo, es el del cordobés Antonio Fernández, fundador de una autoescuela que recibió 843.000 euros.

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Menudos hijos de la gran……………..Bretañaaaaa