La Comisión Europea va a estrenar con Valencia el Reglamento para evitar la manipulación de las cuentas públicas que se aprobó en 2011 tras el fraude contable descubierto en Grecia. Bruselas considera que la Generalitat Valenciana, en concreto la intervención general, manipuló de manera sistemática los datos de déficit público y deuda que facilitaba al Gobierno central, omitiendo “considerables gastos sanitarios”.
La Comisión estudia proponer una sanción multimillonaria contra España, que deberá ser ratificada, por mayoría cualificada, por los ministros de Economía de la zona euro, en una votación en la que no podrá participar el titular español, Luis de Guindos. Fuentes citadas por Europa Press cifraron hoy la sanción en 19 millones de euros.
Guindos señaló que sea cual sea la cuantía, “no la va a pagar el Estado”. El ministro añadió que “la tiene que pagar quien la tiene que pagar”, en alusión al Ejecutivo autonómico.
Fuentes europeas explicaron que las sanciones de la UE van dirigidas al Estado. Pero la normativa española ya ha previsto que en caso de infracción a las normas europeas atribuible a las comunidades autónomas, la posible sanción correrá por cuenta de las arcas regionales. Ese mecanismo ya se utilizó el año pasado a raíz de las multa de 30 millones de euros por las llamadas vacaciones fiscales vascas, que fue abonada por las tres haciendas forales del País Vasco.
La Generalitat Valenciana, sin embargo, parece resistirse a asumir esa responsabilidad. “Si se confirma la sanción, será a España”, señaló ayer el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno valenciano, Juan Carlos Moragues. El consejero del Gabinete de Alberto Fabra subrayó que el expediente de Bruselas es contra el Estado “porque las cifras de déficit no son de la Comunidad Valenciana, sino de todo el Reino de España”.
Eximentes
El castigo máximo podría ascender al 0,2% del PIB español, es decir, a unos 2.000 millones de euros. Pero la Comisión, que ayer debatió la conveniencia de imponer el castigo y su cuantía, no parece que vaya a ir tan lejos.
La sanción será menor, sobre todo, por una cuestión de retroactividad. Aunque la manipulación de las cuentas se prolongó durante casi 15 años, el reglamento comunitario entró en vigor el 16 de noviembre de 2011, por lo que el cómputo de la multa empezaría a partir de ese día.
A favor de España juega también el hecho de que fue la propia administración central la que detectó el trucaje de las cuentas valencianas a raíz del plan de pago a proveedores puesto en marcha a comienzos de 2012. Ese programa afloró entonces facturas sin pagar por valor de 4.506 millones entre 2008 y 2011, la mayor parte en las comunidades de Valencia y de Madrid, lo que obligó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a revisar al alza cuatro décimas la cifra de déficit público español.
Eurostat, la oficina de estadísticas de la CE, rastreó los datos hasta comprobar que la intervención general de la Generalitat, ocupada por Salvador Hernándiz hasta 2012, “enviaba sistemáticamente información incorrecta a las autoridades nacionales”. La CE abrió el expediente, Hernándiz fue cesado... y desde entonces trabaja en el Tribunal de Cuentas valenciano
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