El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda. [Lea el auto en PDF]

También se sentarán en el banquillo los socios del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede del PP, en la calle Génova en Madrid. Se trata de Gonzalo Urquijo y Belén García. El magistrado también entiende que debe ser juzgada la empleada Laura Montero, a la que no acusaban ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

En su auto, de 102 páginas, el magistrado considera acreditada la existencia de los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.

El juez acuerda también abrir juicio oral contra la empresa Unifica y contra el Partido Popular, como responsable civil subsidiario, y le fija una fianza por valor de 1,2 millones de euros (220.000 euros, como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa Unifica). Sobre la cantidad que deberá depositar por Unifica, el juez hace constar que se ha seguido el criterio de la Abogacía del Estado, que en esta causa actúa en nombre de la Agencia Tributaria.

Para las seis personas que se sentarán en el banquillo de los acusados el juez fija fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros para Bárcenas y Lapuerta, y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impone una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles subsidiarios disponen de 10 días para depositar en el juzgado las fianzas impuestas por el juez, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes.


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José de la Mata, el magistrado que heredó de Pablo Ruz el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, no sólo ha mantenido todas las acusaciones que éste montó al cerrar el sumario, sino que ha añadido otras nuevas. El juez considera, en un auto de 102 páginas, que ha quedado acreditado en la investigación de la trama Gürtel que existió organización criminal, asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Probada la existencia de la caja B del PP
Por todo ello ha decidido abrir juicio oral contra los extesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como al exgerente del partido, Critóbal Páez, y considera probada la existencia de una caja B en el PP que funcionó al menos desde 1990 hasta 2008 “sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

El juez de la Mata ha incluido en la apertura del juicio oral dos delitos que Ruz daba por prescritos. Foto EFE
En la misma línea, y puesto que considera probado que al menos 1,5 millones de euros de esa caja b se emplearon para sufragar las obras de la sede nacional del PP en Génova 13, hace responsable civil subsidiario al PP, al que obliga a responder con 1,2 millones de euros de fianza.

Esta cantidad de dinero, según el juez, responde a la obligación del dinero que tendría que haber ingresado este partido en Hacienda por el Impuesto de Sociedades (de la Mata se alinea con Ruz en la interpretación de que el PP estaba obligado a pagar por ese dinero frente a la opinión de Hacienda), y también a la que habría debido pagar Unifica, la empresa de los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, así como su empleada Laura Montero, que llevó a cabo las obras en la sede nacional del Partido.
De la Mata añade delitos que Ruz daba por prescritos
También ha determinado el juez las fianzas para los seis procesados y que van desde la que tienen que depositar Lapuerta y Bárcenas, 8,98 millones euros, y los 7,44 millones que pide a Cristóbal Páez, hasta los 6,15 millones de euros que pide para cada uno de los tres procesados de Unifica.

Como apuntamos, De la Mata no se ha quedado en el punto de acusaciones que había señalado Ruz, sino que él a la vista de las pruebas considera que también han cometido delitos de falsedad de fondos electorales y falsedad contable, delitos que Ruz había considerado prescritos. Y esto porque, según de la Mata, parte de ese dinero de la caja B fue empleado en las campañas catalanas de 2003, las generales, las europeas y las andaluzas de 2004, así como en las generales y andaluzas de 2008. Esto es por lo que los otros partidos de la oposición han acusado al PP de acudir a los comicios “dopados”.

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