Anticorrupción investiga ya a UGT en varias comunidades
Cree que el desvío de fondos públicos para formación no se ha limitado a Andalucía
El presunto fraude asciende a 'decenas de millones de euros'
El sistema para ejecutar la formación en UGT vuelve a estar en entredicho. Tras los episodios de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido extender a varias comunidades la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos de subvenciones finalistas para el mantenimiento de las estructuras del sindicato.
El foco apunta a la ejecución y justificación de planes de formación subvencionados a UGT en los últimos años. En el perímetro de la investigación se engloba la actividad de los responsables del sindicato, de su fundación IFES y de las filiales Formación 2020 yLocalmur.
Ventajas de facturar con empresas 'amigas'
La existencia de estas empresas directamente controladas por UGT y la concurrencia de empresas afines que, sin ser de su propiedad, dependen del negocio que éste les facilita para sobrevivir, permite prácticas cuando menos moralmente cuestionables. Por ejemplo, si IFES recibe una subvención para un curso que requiere el uso de ordenadores y los compra directamente, sólo podrá imputar el coste proporcional de su amortización según la normativa vigente. Este acto, además, deberá reflejarse en la contabilidad.
Una vez amortizados estos equipos ya no puede volver a imputar costes por tal concepto. Sin embargo, si los equipos los compra, por ejemplo, Infastur -una de las empresas asturianas investigadas-, esta empresa puede facturar a IFES en concepto de alquiler de los mismos equipos tantas veces como quiera o se necesite. De esta forma, con las subvenciones públicas se paga por los mismos recursos un número casi ilimitado de veces. Ocurre lo mismo con locales comprados o alquilados.
Además se investiga a empresas afines o que son propiedad de UGT y de sus dirigentes en varias comunidades autónomas, especialmente Asturias, País Vasco yBaleares, aunque también se han iniciado actuaciones en Extremaduray en Galicia.
Por último se han incluido otras empresas que, sin ser propiedad del sindicato, han trabajado habitualmente para la organización y se han beneficiado de cuantiosos contratos de abastecimiento de bienes y servicios.
De momento, Anticorrupción ha cursado órdenes para que fiscales de los tribunales de Justicia de diversas comunidades tomen declaración a testigos y recaben documentación. El criterio de la Fiscalía es coordinar las actuaciones desde Madrid y no abrir por ahora piezas separadas.
El origen del proceso parte de un oficio de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil que buscaba determinar si las supuestas irregularidades en Andalucía se han reproducido en otras uniones regionales.
Por este motivo, se están revisando los procedimientos de aprobación de las justificaciones presentadas, al existir la posibilidad de que algunas administraciones hayan validado facturas y documentos acreditativos de pagos que, aunque son correctos en la forma, podrían encubrir conceptos y gastos ajenos a la realización de las actividades a las que iba destinada la financiación con fondos públicos.
Fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso EL MUNDO cifran en «varias decenas de millones de euros» el monto investigado, dada «la cuantía de los programas de formación y la cantidad de años en que se desarrolló». También desgranan los aspectos que podrían estar en entredicho, entre ellos «el uso de empresas y fundaciones interpuestas»; «los conceptos facturados para justificar ayudas» y «la presunta inclusión de nóminas y facturas por gastos que podrían corresponder a los costes de funcionamiento del sindicato». Para estos costes de funcionamiento cabe recordar que UGT ya percibe subvenciones institucionales -4,2 millones en 2014 para su estructura confederal, según recogen sus cuentas, y diferentes cantidades de cada ejecutivo autonómico-. Y dispone de las cuotas de sus afiliados, que sumaron 14,2 millones el último ejercicio.
Problemas económicos
Para evitar el riesgo de que prescriban los presuntos delitos investigados, los fiscales de regiones donde ha habido actuaciones han entrado ya de lleno en el asunto, entre ellos el fiscal Gabriel Bernal del Castillo de Asturias, «poco amigo de dilatar las decisiones y que seguramente hará imputaciones más pronto que tarde», cuentan estas mismas fuentes.
Como ha publicado este diario en numerosas ocasiones, es práctica habitual de UGT recurrir a la creación de fundaciones y empresas para ejecutar planes de formación y proyectos de investigación.
El sistema tiene varias ventajas. Por una parte, permite la doble concurrencia al mercado de las ayudas públicas. Por otra parte, facilita la justificación: las fundaciones y empresas facturan al sindicato -cuando éste es beneficiario directo-; o se facturan entre sí por conceptos como el alquiler de aulas y equipos que, en otro caso, sólo podrían ser imputados como amortización.
En esta operativa, IFES ha sido uno de los principales instrumentos para concurrir a convocatorias y gestionar subvenciones de alcance nacional y autonómico. Su patronato está compuesto por representantes de federaciones y uniones de UGT. En la actualidad, la caída de las subvenciones en casi un 60% desde 2008 y una deficiente gestión que ha dejado en 2014 pérdidas de 4,06 millones, le han llevado a aplicar su segundo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para el 78% de su plantilla, en vigor hasta el 31 de enero de 2016.
La situación se produce tras un primer ERTE en 2012 que se saldó con una veintena de despidos a los que se aplicó la ortodoxia de la reforma laboral -20 días y 12 mensualidades- que el sindicato dice combatir. De hecho, UGT permitió que se despidiera a sus propios delegados de personal en la fundación. Fue el caso de Asturias, La Rioja o Galicia, donde prescindieron incluso de una representante de su sección sindical.
Pero mientras el agujero económico y los problemas laborales en IFES iban en aumento, sus dos empresas instrumentales, Formación 2020 y Localmur, obtenían beneficios de los sobrecostes facturados a su principal accionista y matriz.
Formación 2020, dedicada a la intermediación para la compra de material didáctico para los cursos, conseguía descuentos de las editoriales de entre un 25% y un 40%, en algunos casos hasta el 60%. Eso sí, a IFES le facturaba a precio unitario de mercado, con lo que el margen queda en poder de la empresa y eludiendo cualquier control. Localmur también tiene como principal cliente a IFES y está dedicada a comprar y arrendar locales de formación a precios «manifiestamente mejorables», así como a rescatar al sindicato en sus fiascos inmobiliarios -en 2010 compró por 1,8 millones los bajos de una promoción de UGT en Mallorca-.
Cuando hasta ahora habían saltado escándalos en torno a este sistema, bien por informes demoledores de los tribunales de cuentas o por acontecimientos judiciales, el sindicato y sus dirigentes han insistido en que los programas «están revisados por las administraciones» y que «han superado con éxito todas las auditorías».
«El problema es que estas auditorías no cruzan datos entre diferentes programaciones. En muchos casos ni siquiera se comprueba la concordancia entre los gastos imputados a un plan o proyecto concreto, y el tratamiento de dichos gastos en la contabilidad oficial del beneficiario de la subvención», refieren fuentes próximas a IFES. Además consideran que, para evitar dobles facturaciones, «las administraciones que reciben las justificaciones deberían sellar los originales de las facturas y otros justificantes de gastos -las nóminas, por ejemplo- para evitar su uso en la justificación de otra subvención». Sin embargo, esto no siempre ocurre.
www.elmundo.es/espana/2015/06/08/55749e25268e3ec2638b4574.html
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