En marzo de 2009, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebraba que el supuesto espionaje político en el seno de su gobierno se había quedado en un “montaje”. Más de siete años después, la misma Comunidad de Madrid ha enviado al juzgado que investiga los seguimientos su escrito de calificación de cara al hipotético juicio: un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que los letrados del gobierno regional que ahora dirige Cristina Cifuentes dan por cierta la existencia de estas labores de vigilancia y también que fueron llevadas a cabo con dinero y medios públicos.
Los abogados de la Comunidad de Madrid son contundentes al asumir la existencia de estas vigilancias: “Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”. Una actividad que, según reconoce el escrito, fueron “tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones”. Las víctimas de estos supuestos seguimientos fueron Manuel Cobo, en ese momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, todo en el marco de una guerra abierta en el seno de la formación conservadora por el liderato del partido a nivel nacional.
cadenaser.com/m/ser/2016/11/10/tribunale...78797130_406619.html
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