Está claro que algo así pasaría tarde o temprano...

El apoyo que le daban las casas okupas al Ejecutivo de la alcaldesa Manuela Carmena en 2015 era casi ciego.

No en vano, cuatro de sus concejales llegaron procedentes del Patio Maravillas, uno de los centros okupados más emblemáticos de Madrid, y el Consistorio, poco tiempo después, prometió que cedería varios edificios y espacios de titularidad municipal a algunos de estos colectivos.

El Patio Maravillas llegó a solicitar la cesión de un palacete de 2.700 metros cuadrados en el límite de los distritos Centro y Chamberí.

El plan de cesión, dirigido por el Área de Coordinación Territorial que lidera el edil Nacho Murgui establecía que, para optar a la cesión, estos colectivos debían estar «legalmente constituidos» y registrados como asociaciones, entre otra serie de requisitos que se alejaban de la óptica revolucionaria de los okupas.

Y ahí comenzaron los desacuerdos....

La Enredadera, en el distrito de Tetuán, recibía una notificación del Departamento de Disciplina municipal en el que se les instaba «a iniciar un proceso de burocratización del centro mediante una solicitud de una licencia de actividades para seguir existiendo»,

Tras La Enredadera, le llegó el turno a La Dragona, en el barrio de Ventas, el 18 de octubre, cuando policías de paisano entregaron a sus moradores una carta del Ayuntamiento informándoles de que tenían cinco días para abandonar el inmueble bajo la amenaza de ser expulsados definitivamente el 23 de noviembre.

Por las calles ya se ven carteles con el mensaje «Ahora Mierda», la cara de Carmena y el símbolo okupa.

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