Imaginen que hay un país con la mayor inflación del planeta, donde se asesinan casi 30.000 personas al año, donde no hay productos de primera necesidad disponibles, donde los hospitales apenas cuentan con equipos ni medicinas, las farmacias están medio vacías y donde los pobres pasan hambre.
Ahora imaginen que el líder de un partido político promueve manifestaciones de protesta contra el gobierno. Y que el gobierno intenta reprimir esas manifestaciones, algunas muy violentas, y que resultan muertas 43 personas.
Y ahora imaginen que el líder de ese partido político es detenido y juzgado por promover manifestaciones. Imaginen que durante el juicio se violan todas las garantías del acusado: la presunción de inocencia, el principio de imparcialidad, la irretroactividad de la ley, la valoración exacta de las pruebas y todo lo que en un estado de derecho se llama Justicia.
Imaginen que el gobierno presiona a los jueces y fiscales, quienes manipulan las declaraciones de los peritos, y que al final el político es acusado de las 43 muertes y de intentar dar un golpe de estado. Es condenado a casi 14 años de prisión.
Imaginen que la organización Human Rights Watch afirma que “se cometieron graves violaciones del debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito. Durante su prisión preventiva, los guardias penitenciarios realizaron requisas violentas en su celda llevándose hasta dibujos de sus hijos, y le aplicaron castigos injustificados que le impidieron recibir visitas familiares por varios meses. La justicia no concedió ninguno de los recursos que planteó López por violaciones del debido proceso durante el juicio, ni por los abusos sufridos en prisión”.
¿Dirían ustedes que es un delincuente o un preso político?
http://blogs.lainformacion.com/zoomboomcrash/2017/03/01...
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