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La Unión Bancaria europea precisa ya una primera tanda de 500 inspectores
La AEB estima que será necesaria “una primera tanda de 500 inspectores de bancos” para supervisar directamente las 200 entidades que debe controlar el supervisor bancario único y avisa de que “el número de candidatos aptos veremos si es suficiente”. Además, pide “un mecanismo único de garantía de depósitos”.
La Asociación Española de Banca (AEB) “respalda sin reservas avanzar con claridad hacía la unión bancaria” pero cree “urgente la dotación de recursos, materiales pero sobre todos humanos para que el BCE pueda supervisar directamente unos 200 bancos”. El supervisor bancario único, en línea con las tesis alemanas, deber vigilar a aquellas entidades que superen los 30.000 millones de euros en activos o que representen más del 20% del PIB del país.
Ante este reto, la asociación presidida por Miguel Martín “estima que es necesaria una primera tanda de unos 500 inspectores de bancos”. Una ingente cantidad que “aparte de una selección será necesaria una formación ad hoc”. La AEB cree que “el plazo no es excesivo”, pero “el número de candidatos aptos veremos si es suficiente”.
En diciembre del año pasado, el Consejo Europeo decidió poner en marcha un mecanismo de supervisión único (SSM por sus siglas en inglés), que dará la responsabilidad directa de determinados bancos al BCE y una colaboración estrecha con los supervisores nacionales. Una medida que busca solventar algunos de los problemas puestos de manifiesto en la actual crisis y que “corregiría la situación en la que el BCE no tiene capacidades ni responsabilidades de supervisión prudencial”, según la AEB.
EVITAR DUPLICIDADES Y COSTES
Otra de las dudas que pide que se aclaren la AEB en el supervisor único es “evitar que los costes de la inspección y supervisión no se dupliquen ahora que convivirán dos sistemas, el BCE y simultáneamente los nacionales que mantienen una serie de responsabilidades, bien directas o de colaboración”.
También preocupa a la patronal bancaria que “deben acordarse plazos máximos de respuesta del BCE a solicitudes o propuestas de los sistemas nacionales”, pero también crear un “procedimiento de apelación ante las decisiones que pueda tomar el BCE y que los bancos supervisados quieran recurrir ante un órgano independiente del supervisor único”.
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