El Gobierno consiguió con su mayoría absoluta posponer a después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo la discusión en el Pleno de la ley que más quebraderos de cabeza le ha provocado en esta legislatura: la ley del aborto.
El aborto volverá este jueves al pleno del Congreso, pero esta vez el PP cree tener asegurado el cierre de filas entre sus diputados y da por hecho que no tendrá de nuevo fugas de votos. El pleno votará las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y BNG a la reforma que se limita a establecer la obligatoriedad del permiso paterno de las mujeres de 16 y 17 años que quieran abortar. Esta vez el Grupo Popular cree tener asegurado que no habrá fuga de votos en sus filas después de que cinco de sus diputados rompieran en abril la disciplina de voto.
El pasado 15 de abril rompieron la disciplina de voto del PP cinco de sus diputados: Eva Durán votó en contra y no quisieron participar en la votación José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Javier Puente y Antonio Gutiérrez Molina. Todos ellos mantienen una posición ultraconservadora que rechaza cualquier tipo de aborto, apoyaban el proyecto inicial del Gobierno de Mariano Rajoy que sustituía la ley de plazos por una de supuestos restringida y entienden que el PP ahora claudica de esos principios.
Los cinco votaron de manera distinta a la del resto del partido pero todavía no han recibido notificación alguna de sanción por parte de la dirección del Grupo Popular, dos meses después de la votación. Fuentes populares aseguran que la dirección quiere esperar a acabar el trámite de la ley para decidir si se les sanciona. En otros momentos de la legislatura, la diputada del PP Celia Villalobos rompió la disciplina de voto de su partido justo por lo contrario, es decir, por estar a favor de la ley de plazos y sí fue sancionada inmediatamente con multas de unos 400 euros.
En septiembre, en vigor
En esta ocasión, ellos mismos han explicado a este periódico que, en principio, pretenden votar con el grupo porque lo que se somete a votación no es la proposición de ley sino las enmiendas con textos alternativos de los demás grupos. Las enmiendas de totalidad que se someten a votación defienden la actual ley de plazos y, en algún caso como en el de ERC, incluso se pretende ir más allá ampliando esos tiempos de aborto libre.
Si se cumple la previsión del Gobierno la ley que más quebraderos de cabeza le ha provocado en esta legislatura y la que más vaivenes ha sufrido pasaría este jueves la última votación en pleno. Ahora irá a comisión para estudiar las enmiendas parciales y de ahí al Senado. En ese trámite en la Cámara alta, que podría ser ya en septiembre, sí tienen riesgo de alguna fuga de votos, pero si como parece ya no se incluyen enmiendas no tendría que volver al Congreso y entraría entonces en vigor.
La ley es muy breve y obliga a obtener en todo caso el permiso de los padres a las mujeres de 16 y 17 años que quieran abortar. En caso de conflicto intervendrá un juez. Ahora es obligatorio informar a los padres, pero se exceptúan casos extremos como los de malos tratos, por ejemplo.
Hay una posibilidad de que la ley siga persiguiendo al Gobierno porque está pendiente que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso que en la pasada legislatura presentó el PP contra la ley de plazos. Si hubiera fallo antes de las elecciones generales, el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que aplicar esa sentencia si es que supusiera anulación de algún artículo.

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