Hasta un 14% se han incrementado las ejecuciones hipotecarias respecto al año pasado, según los últimos datos del INE. Ésto no sólo muestra hasta qué punto la política hipotecaria y supervisora no funciona, sino también la urgente necesidad de articular mecanismos más eficaces en la defensa organizada de usuarios y consumidores hipotecados.

La ineficacia de la ley hipotecaria se ha vuelto a poner de manifiesto. El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2014 es de 32.960, lo que supone un 1,2% más que el primer trimestre de 2014 y un 14% más que en el mismo trimestre de 2013. Durante los últimos seis años el sobreendeudamiento familiar y el estallido de la burbuja inmobiliaria han traído como consecuencia más de medio millón de ejecuciones y más de 300.000 lanzamientos.

Toda esta situación de sobreendeudamiento que están atravesando muchas familias está acelerando la necesidad, desatendida por el Gobierno, de elaborar una normativa que ayude a superar esta situación. ADICAE elaboró un procedimiento concursal para consumidores, en el que caben soluciones para los deudores. Se propone un procedimiento negociador previo, en el que el consumidor, tras comunicar al Juzgado su intención de iniciarlo, promueve una negociación entre sus acreedores. El juez nombrará un asesor para el consumidor.

Ante esa situación ADICAE, como asociación de consumidores, reclama al Gobierno que impulse la Justicia colectiva como mecanismo para luchar contra las abusivas cláusulas en este tipo de contratos, como las cláusulas del suelo, que ponen en peligro de impago a las familias y agrava aún más su riesgo de sobreendeudamiento.

Actualmente la asociación tiene interpuesta una macrodemanda en la que agrupa a 12.000 hipotecados en la que se reclama la abusividad de los ‘suelos’ y la devolución de las cantidades indebidamente pagadas. Y es que el balance de la aplicación de la Justicia colectiva en España es insatisfactorio y decepcionante, máxime cuando han sucedido y persisten fraudes y abusos financieros, que exigen una solución colectiva previste en la legislación.

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